Veracruz,Ver, 25 de Dic 2025.-En un hecho de evidente exceso en la aplicación de "justicia" por parte de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Veracruz, fue detenido y encarcelado el reportero Rafael León Segovia, bajo los cargos de Terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad.

A través de un comunicado la FGE de Veracruz, hizo el informe oficial de la detención del comunicador quien a través de sus redes sociales da a conocer hechos de nota roja en Coatzacoalcos y la región sur del estado de Veracruz.

El informe de la FIscalia es muy escueto y solo refiere la detención y cargos de Rafita como le conocen quienes le siguen en su información cotidiana.

Sin embargo, los delitos por los que se le acusa, sobre todo el de "terrorismo" ha despertado la inquietud y molestia de periodistas en el estado de Veracruz, como es la Asociación Mexicana de Comunicadores (AMECOPE) que preside Juan de Dios Sánchez Abreu, exigió un esclarecimiento que de certeza jurídica sobre las causas que dieron origen a la detención de Rafael Segovia, pero sobre todo a explicar porque el señalamiento del delito de "terrorismo" lo que consideró un exceso.

AMECOPE se manifestó en contra de cualquier persecución política y judicial que atente contra el derecho a la libertad de expresión y reprima la labor periodística, no solo de Rafael León Segovia, sino de todos los comunicadores que ejercen su oficio en el estado de Veracruz.

En tanto la organización de protección a periodistas y derechos humanos artículo 19 exhortó a las autoridades de Veracruz, en particular a la Fiscalía General del Estado, a respetar el debido proceso y abstenerse de criminalizar la labor periodística, conforme a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión.

Asimismo, exigió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas evaluar de manera inmediata el nivel de riesgo del comunicador y otorgar medidas de protección adecuadas, a fin de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio periodístico.

A través de su columna "Por si estaban Con el Pendiente" la periodista Quetzalli Carolina Vázquez, escribe y cuestiona:

¿TERRORISMO PARA UN REPORTERO?
- La peligrosa elasticidad de la ley en Veracruz.

La detención y vinculación a proceso de un reportero de la fuente policiaca en Coatzacoalcos Veracruz, acusado del delito de terrorismo, es un tema delicado y alarmante para el ejercicio periodístico.

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía General del Estado imputó al reportero los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, logrando que un juez de control decretara prisión preventiva oficiosa, una de las medidas más severas contempladas en la ley.

La pregunta es inevitable:
¿Qué tan grave debió ser la conducta de un reportero para que el Estado considere que se configuró el delito de terrorismo?

La interrogante cobra mayor peso si se recuerda que, cuando explotó un coche bomba en México, tanto Omar García Harfuch como la Fiscalía General de la República fueron enfáticos al señalar que no se trató de un acto de terrorismo.

Si un atentado con explosivos no alcanzó ese calificativo en el ámbito federal, ¿qué acción atribuida a un periodista sí lo amerita en Veracruz?

El delito de terrorismo, por definición legal, implica la intención de generar terror o zozobra en la población con el fin de presionar a la autoridad o desestabilizar al Estado, no es una figura menor ni una imputación accesoria, es una de las acusaciones más graves que puede formular una fiscalía. Por eso preocupa �y mucho� que se invoque contra un comunicador sin que, hasta ahora, se haya explicado con claridad qué acto concreto cumplió con esos extremos jurídicos.

Por esta razón se espera que la Fiscalía del Estado que encabeza Lisbeth Aurelia Jiménez, informe con claridad y certeza qué hechos le llevaron a determinar que el reportero es un terrorista, que el delito se cometió y que no se trata de un acto de represión a la prensa.

En un extenso artículo a través de su columna "����� �� ����" la periodista ������ �úñ�� ����á���z, escribe:

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La detención de un periodista acusado de terrorismo por ejercer su labor informativa no solo exhibe el uso abusivo del poder punitivo del Estado. Deja al descubierto, con la misma crudeza, el deterioro ético e intelectual de un gremio periodístico que, en demasiados casos, ha preferido convertirse en reproductor mecánico de comunicados oficiales antes que sostener el trabajo esencial de cualquier periodista: investigar, contextualizar y confrontar el discurso de poder.

El punto de quiebre es gravísimo porque el delito de terrorismo no es una imputación cualquiera. Es la etiqueta penal más extrema, la que se reserva �al menos en teoría� para conductas de violencia mayor, ataques a población, intimidación social, desestabilización institucional. Cuando ese tipo penal se usa para perseguir a un comunicador por su actividad informativa, no estamos frente a un exceso menor; estamos ante una señal de autoritarismo penal, un mensaje disciplinador que pretende marcar territorio: hay información que puede costarte la libertad.

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En un Estado constitucional, el derecho penal no puede convertirse en lenguaje propagandístico. La acusación de “terrorismo� no es una simple calificación jurídica: es una operación de estigmatización que, por su peso simbólico, deshumaniza al imputado y lo coloca �desde el inicio� en el extremo moral del enemigo público. Por eso, cuando se dirige contra un periodista por el ejercicio de su labor informativa, el mensaje trasciende el expediente: la finalidad real es inhibir, disciplinar y sembrar miedo en el resto del campo periodístico.

Y, sin embargo, una parte del gremio reacciona como si fuera una nota de rutina. Publica, replica, comparte. No pregunta qué hechos concretos se imputan. No cuestiona si existe tipicidad. No indaga si la orden judicial cumple parámetros constitucionales. No contrasta. No exige claridad. No somete a escrutinio el abuso evidente de categorías penales diseñadas para otros supuestos. A eso se le llama de muchas maneras, pero periodismo no es.

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Este caso no trata únicamente de la libertad de una persona. Trata del mensaje que se envía al resto: si te vuelves incómodo, te podemos procesar como amenaza pública. Porque el delito de terrorismo, usado así, opera como un arma psicológica. No necesita sentencia para cumplir su función. Basta la detención, basta el escarnio, basta el expediente abierto. Lo demás lo hace el miedo. Y el miedo, en un país donde se asesina y se desaparece periodistas, es una forma de gobierno.

Por eso el asunto no es meramente jurídico; es estructural. Cuando el poder usa el derecho penal como herramienta de control del discurso, está cruzando una línea roja: la línea que separa la persecución legítima del delito de la persecución política disfrazada. Y esa línea se cruza con un solo movimiento: imputar delitos desproporcionados, activar operativos con despliegue de fuerza, y después mantener la opacidad. Si a eso se suma que la Fiscalía “no da mayores detalles�, el cuadro es todavía más grave: una imputación extraordinaria sin explicación suficiente es una receta clásica para el abuso.

En este punto, el gremio tiene una responsabilidad histórica. Porque cuando los periodistas callan ante la criminalización de un periodista, lo que se normaliza no es un caso aislado: se normaliza el precedente. Se normaliza la idea de que el Estado puede ampliar el catálogo penal contra la prensa y que la prensa no reaccionará. Se normaliza el silencio.

Y el silencio, aquí, no es prudencia. El silencio es aceptación.


Así como Quetzalli y Silvia, muchos periodistas Veracruzanos han manifestado su preocupación por la detención del reportero Rafael Segovia y los cargos que se le hacen.

Con base en ello, es necesario que la FGE de Veracruz, y el Tribunal Superior de Justicia, analicen muy bien su actuación en el caso, y de haber excesos sea puesto en libertad el reportero Rafael Segovia, y que a su vez haya sanción para los servidores públicos en caso de que se haya caído en una fabricación de los delitos que se le imputan.